En un fallo que dio por terminado un reclamo iniciado en 1982, la Corte Suprema bonaerense avaló planteos de la Fiscalía de Estado bonaerense en un histórico litigio a raíz del daño producido por una inundación en Epecuén, en una decisión que evitó que el Estado provincial pagara a privados unos 200 millones de dólares.
La decisión de la Justicia provincial da por terminado un litigio iniciado en 1982 por la empresa Pronar Sociedad Anónima, que reclamó a la provincia una indemnización a raíz de los efectos de la inundación del lago Epecuén sobre la explotación de sulfato de sodio que funcionaba en ese lugar. La Corte Nacional dejó firme su pronunciamiento de marzo de 1987 en el que había declarado prescripto el “daño emergente”, es decir, la estimación del perjuicio de desvalorización sufrido por el yacimiento.
Según la estimación original la indemnización pretendida alcanzaba a 137 millones de dólares más los intereses del tiempo transcurrido, lo que hubiese ubicado la cifra final en torno a los 200 millones de pesos.
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